Corte Suprema, pisando huevos

José Miguel Aldunate

La Corte Suprema está en una situación imposible. Si bien el Estado de Chile firmó un convenio internacional que lo obliga como un todo, resulta que, a la hora de enfrentarse a los problemas ocasionados por éste, sólo uno de los poderes del Estado ─el Judicial─ debe hacerse cargo. Precisamente aquél de los tres que tiene las manos más amarradas. De este modo, sin haberlo buscado, la Corte Suprema ha caído en una trampa política de la que alguien tiene que rescatarla.

En efecto, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara la anulación de la sentencia condenatoria en el caso Norín Catrimán, nuestro Tribunal Supremo decidió convocar una audiencia para el próximo 22 de abril, a fin de determinar un mecanismo para cumplir con la decisión de los órganos internacionales.

Inmediatamente se gatillaron las alarmas. ¿Dónde obtiene la Corte Suprema la facultad para convocar este tipo de audiencias? ¿Pretende, acaso, regular la materia por medio de un autoacordado? ¿Desde cuándo es ella quien lleva las relaciones internacionales del país? ¿No está la Suprema minando el efecto de cosa juzgada de sus propias sentencias? ¿Qué queda de la seguridad jurídica cuando el primer llamado a resguardarla se presta para ponerla en entredicho?

Es necesario reconocer que la CS no generó esta situación, y que pende sobre ella una orden emanada de organismos con los cuales Chile ha suscrito convenios internacionales. Es discutible que los tribunales nacionales estén sometidos al llamado control de convencionalidad, pero ¿podría la Corte hacer caso omiso de una decisión del sistema interamericano, sin más? A falta de una ley que regule la aplicación de las sentencias internacionales en Chile, ¿qué caminos le quedan a la Suprema?

Lo que tiene la Corte entre las manos no es simplemente un caso complejo; es una bomba. Como quiera que resuelva, alguien quedará molesto. La UDI ya anunció que acudirá al Tribunal Constitucional si se anula la sentencia. En el frente interno, la Asociación de Magistrados ha criticado duramente a la CS, tanto por la celebración de esta audiencia como por la eventual regulación de la materia por medio de un “acta”. Por otra parte, está demasiado fresco el recuerdo de la acusación constitucional contra tres ministros de la segunda sala, precisamente por comprometer la responsabilidad internacional de Chile.

Estamos ante un problema jurídico y la Corte deberá encontrar alguna solución. Idealmente, ésta debe enmarcarse dentro de la normativa legal vigente. Pero dado que el asunto excede con mucho la interpretación de la ley y compromete la responsabilidad internacional del Estado, cabría esperar de parte de nuestras autoridades políticas algún pronunciamiento que le quite presión política a los supremos.

Al fin y al cabo, quien lleva las relaciones internacionales del Estado es el Presidente de la República y no la Corte Suprema. Que toda la presión recaiga sobre esta última se debe, en parte, a que las autoridades políticas que deben hacerse cargo del problema —por ejemplo, enviando un proyecto de ley o convocando a una mesa de especialistas—, no han querido hacerlo. Mientras ello no ocurra, la Corte Suprema continuará pisando huevos.